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Señalan a dirigente de la CROC por presunto robo de tanques de gas; denunciante acusa posibles influencias en Fiscalía

Señalan a dirigente de la CROC por presunto robo de tanques de gas; denunciante acusa posibles influencias en Fiscalía
  • noviembre 4, 2026

Monterrey, Nuevo León.– Una denuncia pública puso bajo cuestionamiento a Marco Armendáriz, señalado como dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Monterrey, luego de que José Antonio González Villaseñor, conocido como “Toño el Semental”, lo acusara de estar presuntamente involucrado en el robo de dos tanques de gas de una propiedad particular.

El señalamiento fue difundido durante una transmisión en vivo, en la que González Villaseñor afirmó contar con elementos de videovigilancia del C4 que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos, por lo que exigió que las autoridades correspondientes investiguen y deslinden responsabilidades.


Pero la denuncia no se limitó al presunto robo. El acusador también puso sobre la mesa una posible relación de influencias políticas, al asegurar que Armendáriz habría presumido contar con protección derivada de sus vínculos personales con figuras políticas de Nuevo León, lo que supuestamente impediría que la Fiscalía actuara en su contra.

De acuerdo con la versión del denunciante, el dirigente sindical incluso habría expresado aspiraciones de encabezar la CROC a nivel estatal, en un escenario de cambios políticos en Nuevo León.

Ante esta situación, González Villaseñor solicitó la intervención de Esteban Alejandro Cantú Montes, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de Luis Carlos Escareño, a quien identificó como responsable del expediente.

En su exposición también involucró a la empresa Gas Económico, al sostener que los tanques presuntamente sustraídos habrían sido trasladados en vehículos de dicha compañía, con la participación de uno de sus empleados.

Por ahora, las acusaciones permanecen en el terreno de los señalamientos públicos. No existe, con la información disponible, una confirmación independiente de los hechos ni de la supuesta protección política denunciada.

La atención se centra ahora en las autoridades investigadoras, que deberán determinar si existen elementos suficientes para esclarecer el presunto robo y establecer si hubo alguna irregularidad en el desarrollo de la investigación.

Las personas señaladas conservan su derecho de réplica y la presunción de inocencia.